26 mar. 2009

CUTA respalda revocación del Gobierno al TDH

“Nadie se opone al progreso ni a la necesidad que el país adecue su fundamental política en el área de las comunicaciones a la mejor tecnología disponible. Pero para eso es fundamental armonizar esfuerzos de los organismos públicos y privados”

La Cámara Uruguaya de TV para Abonados respaldó la revocación del Gobierno al TDH. La resolución del Ministerio de Industrias dejando sin efecto la decisión de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, que autorizaba la transmisión en todo el territorio nacional de televisión paga satelital por parte de la Empresa Telmex, fue desde un principio, objeto de fuertes presiones, tildándola de “ilegal” y “retrógrada”.

En tanto el comunicado de CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, indica que “En nuestro país la transmisión de imágenes televisivas y en menor medida de datos, se encuentra regulada por diversas leyes que conforman un cuadro restrictivo. Como consecuencia de esta legislación, las empresas privadas de televisión para abonados en la modalidad cable, se encuentran constreñidas a prestar este único servicio en sus pequeñas zonas, asignadas a cada una mediante llamados estatales competitivos, sin tener la posibilidad de utilizar sus infraestructuras ya instaladas para brindar servicios adicionales, tal cual se hace en toda la región.
Pese a estas limitaciones y en abierta competencia con la televisión satelital Direct TV, que emite para todo el país, estas pequeñas empresas de capital nacional, con el esfuerzo de muchos años y fuertes inversiones, han cubierto con sus redes la casi totalidad del territorio prestando un servicio de la mejor calidad y con una definida tendencia localista, al estar obligadas a mantener por lo menos una señal de esas característica por cada zona. Asimismo en su mayoría, están sujetas en sus zonas a la competencia de empresas similares, todas ellas ingresadas al mercado bajo el régimen licitatorio. Como consecuencia, miles de personas en el interior del país, obtienen su subsistencia de su empleo en estos emprendimientos que en conjunto son cerca de cien.
En lo que refiere a la transmisión de datos utilizando para esa finalidad su red de cables ya instalada, hace años que vienen solicitando infructuosamente al Estado se las habilite a prestar ese servicio, habiendo siempre recibido el sistemático rechazo de sus peticiones. Ello con el argumento que es necesario planificar un sistema general de comunicaciones, de manera de crear en definitiva un sistema armónico que concilie el interés empresarial y local con el superior interés público en tan delicada materia.
En esta situación, mientras se estudian proyectos que obtengan tal armonía y cuando aparentemente se está cerca de tal logro, de manera inopinada la URSEC concedió a una poderosa empresa trasnacional, la posibilidad de trasmitir imágenes televisivas en todo el país (esto es, sin ninguna limitación zonal), habilitación que adiciona a la de operador de datos y telefonía celular. En lo que claramente conformaba un verdadero atropello a los legítimos derechos de todas las empresas participantes en el mercado, hasta ahora limitadas en su desarrollo por disposiciones del propio estado. Era obvio por consiguiente que esa resolución no podía mantenerse por ilegal, injusta y por poner al estado en riesgo de reparaciones millonarias frente a las inevitables demandas resarcitorias de las restantes empresas fuertemente dañadas por tan ilegítima discriminación.
Nadie se opone al progreso ni a la necesidad que el país adecue su fundamental política en el área de las comunicaciones a la mejor tecnología disponible. Pero para eso es fundamental armonizar esfuerzos de los organismos públicos y privados. Algo que sólo podrá lograrse como se hizo con la derogación de la resolución de la URSEC- en el respeto al orden jurídico y a los iguales derechos de todos”.

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